Convención Constituyente, el cambio que modificará lo que estudian los futuros abogados

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Chile está viviendo un proceso inédito en su historia. El plebiscito del 25 de octubre del año pasado dio el vamos a nuestro proceso constituyente: Por primera vez, los chilenos escribiremos nuestra propia constitución. Para ello fueron electos 155 representantes, los que asumieron sus funciones el 4 de julio en los jardines de la sede Santiago del Congreso Nacional y desde entonces tendrán un máximo de 12 meses para redactar la propuesta para el nuevo texto.

¿Y por qué es tan importante la Constitución? Porque regula los principios y reglas que deben seguir todos los órganos públicos, entre ellos el Presidente, Congreso, Poder Judicial, Fuerzas Armadas y de Orden, y establece los derechos y obligaciones de todos los chilenos y quienes habitan este territorio.

Pero antes de dedicarse al fondo, los constituyentes deben diseñar y acordar el reglamento de trabajo, proceso que justamente debería terminar a fines de septiembre. Es importante entender la relevancia de este periodo, ya que, salvo algunos elementos que están explicitados en el nuevo Art. 133 “Del funcionamiento de la Convención”, son los propios constituyentes los que deberán dotarse de todas las reglas para su propio funcionamiento. Esto incluye elementos tan básicos como definir la jornada y horario de trabajo, regular el uso de la palabra, los mecanismos de votación, e incluso definir las normas éticas que regirán a los constituyentes.

En la primera sesión se eligió a la presidenta, Elisa Loncon y al Vicepresidente Jaime Bassa, para luego ampliar la mesa directiva y sumar otros seis vicepresidentes. Posteriormente se procedió a establecer las comisiones transitorias que harían las propuestas de los distintos ámbitos del reglamento. Estas comisiones son las de Reglamento; Ética; Presupuesto; Derechos Humanos, Verdad histórica y bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición; Comunicaciones e informaciones; Participación y Consulta Indígena; Participación Popular y Equidad Territorial; y Descentralización, Equidad y Justicia Territorial. Todas ellas trabajaron durante alrededor de un mes para presentar sus propuestas al pleno de la convención, es decir, al conjunto de todos sus miembros, e incluyeron cientos de audiencias públicas. Varias de ellas también sesionaron en regiones, para poder escuchar a las comunidades locales.

Antes de Fiestas Patrias se realizó la votación en general del reglamento, el que fue aprobado por amplia mayoría. Sin embargo, después de eso se presentaron 1.128 indicaciones. Éstas son propuestas para modificar, agregar algo o eliminar alguno de los artículos específicos del reglamento. Ellas deberán votarse antes de comenzar el mes de octubre.

Este proceso culminará con una propuesta de nueva Constitución, que será sometida a un plebiscito para aprobar o rechazar, y que contará por primera vez con voto obligatorio, desde que se instaurara el voto voluntario en 2012.

Más allá de los evidentes cambios que una nueva carta fundamental implicará para nuestro país, será en las escuelas de derecho donde probablemente se dará la transformación más llamativa. Los futuros abogados podrán ver in situ la metamorfosis del texto que nos ha normado desde 1980, así como, probablemente, de una buena parte del marco legal vigente que emana de él. De hecho, estudiar derecho ahora será probablemente incluso más interesante para el mercado laboral de lo que era hace diez años e, incluso para muchos abogados en ejercicio, los obligará a volver a estudiar el marco jurídico en que nos moveremos a partir de unos meses más. 

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